La violencia contra las personas defensoras ambientales en México y América Latina: una crisis de derechos humanos, impunidad y gobernanza ambiental
La defensa del medio ambiente ha dejado de ser únicamente una causa ecológica para convertirse en una de las actividades más peligrosas del mundo. Quienes protegen bosques, ríos, selvas, mares y territorios frente a proyectos extractivos, inmobiliarios, energéticos o agroindustriales enfrentan un riesgo creciente de amenazas, desapariciones forzadas, criminalización, desplazamiento y asesinato.
Paradójicamente, estas personas realizan una labor que beneficia a toda la sociedad: protegen recursos naturales, contribuyen a mitigar el cambio climático, preservan la biodiversidad y defienden derechos colectivos reconocidos por el derecho internacional. Sin embargo, en numerosos países, particularmente en América Latina, la respuesta institucional ha sido insuficiente. La impunidad se ha convertido en la regla y la violencia en un mecanismo de control territorial.
México representa uno de los casos más preocupantes a nivel mundial. La combinación entre crimen organizado, intereses económicos, conflictos agrarios, corrupción y debilidad institucional ha generado un escenario donde defender el medio ambiente puede costar la vida.
Un fenómeno global con epicentro en América Latina
El informe anual Missing Voices, elaborado por la organización internacional Global Witness, documentó que durante 2023 fueron asesinadas al menos 196 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en el mundo.
Lo verdaderamente alarmante es que:
- Cerca del 85 % de los asesinatos ocurrieron en América Latina.
- La región continúa siendo, por más de una década consecutiva, la más peligrosa para ejercer la defensa ambiental.
- Más del 43 % de las víctimas pertenecían a pueblos indígenas, pese a que éstos representan apenas una pequeña proporción de la población mundial.
La explicación no radica únicamente en la riqueza natural de la región, sino en la convergencia de factores estructurales como:
- expansión minera;
- tala ilegal;
- narcotráfico;
- megaproyectos energéticos;
- corrupción gubernamental;
- conflictos por la propiedad de la tierra;
- débil procuración de justicia.
Las agresiones no son hechos aislados; constituyen patrones sistemáticos de violencia orientados a eliminar la oposición social frente a proyectos económicos de gran escala.
México: uno de los países más peligrosos para defender la naturaleza
México aparece de forma constante entre los países con mayor número de asesinatos de personas defensoras ambientales.
Según Global Witness, durante 2023 México registró 18 homicidios de defensores ambientales, ocupando nuevamente uno de los primeros lugares a nivel mundial.
No obstante, especialistas advierten que esta cifra únicamente refleja los casos documentados internacionalmente y podría ser considerablemente mayor debido al subregistro y a la falta de mecanismos oficiales de clasificación.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reportó que durante 2024 ocurrieron 236 agresiones individuales específicas contra personas defensoras del medio ambiente, incluyendo 25 agresiones letales (21 homicidios y 4 ejecuciones extrajudiciales
tipo de agresiones reportadas por CEMDA en 2024
- Intimidación: 27
- Hostigamiento: 23
- Homicidio: 21
- Criminalización: 20
- Estigmatización: 20
- Difamación: 19
- Amenaza: 15
- Agresión física: 14
- Daño en propiedad: 12
- Violencia de género: 6
- Detención ilegal o arbitraria: 6
- Robo: 5
- Uso indebido de la fuerza: 5
- Discriminación: 4
- Ejecución extrajudicial: 4
- Allanamiento: 4
- Privación ilegal de la libertad: 3
- Desaparición por particulares: 2
- Agresión sexual: 1
- Espionaje: 1
- Desaparición: 1
- Desaparición forzada: 1
- Secuestro: 1
- Desplazamiento forzado: 1
- Desalojo forzado: 1
- Otras: 19
La mayoría de los conflictos se relacionan con:
- minería;
- tala clandestina;
- extracción ilegal de agua;
- proyectos turísticos;
- infraestructura energética;
- desarrollo inmobiliario;
- monocultivos industriales.
Defender el territorio también significa defender derechos humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que la protección del medio ambiente constituye un requisito indispensable para garantizar diversos derechos humanos, entre ellos:
- derecho a la vida;
- derecho a la salud;
- derecho al agua;
- derecho a la alimentación;
- derecho a un medio ambiente sano;
- derechos de los pueblos indígenas.
La Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte marcó un precedente histórico al reconocer que existe una relación directa entre la degradación ambiental y la vulneración de derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, asesinar a una persona defensora ambiental no solo implica privar de la vida a un individuo, sino afectar derechos colectivos de comunidades enteras.
Los pueblos indígenas: las principales víctimas
Uno de los aspectos más alarmantes es la desproporción con la que la violencia impacta a los pueblos indígenas.
Global Witness estima que casi la mitad de todas las personas asesinadas eran indígenas, quienes frecuentemente protegen territorios ancestrales frente a actividades extractivas.
En México existen múltiples conflictos relacionados con:
- concesiones mineras;
- parques eólicos;
- hidroeléctricas;
- gasoductos;
- explotación forestal;
- proyectos turísticos.
Estos proyectos suelen desarrollarse sin procesos adecuados de consulta previa, libre e informada, pese a que este derecho se encuentra reconocido por:
- el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;
- la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
- diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El crimen organizado: un nuevo actor ambiental
Uno de los fenómenos más recientes consiste en la participación del crimen organizado dentro de delitos ambientales.
Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) muestran que organizaciones criminales han diversificado sus actividades hacia:
- tala ilegal;
- tráfico de madera;
- minería ilegal;
- tráfico de especies protegidas;
- robo de agua;
- pesca ilegal.
En diversas regiones mexicanas, quienes denuncian estas actividades enfrentan amenazas provenientes tanto de grupos criminales como de actores políticos locales.
La frontera entre delincuencia organizada y corrupción institucional se vuelve cada vez más difusa, esto genera un estado de incertidumbre y desprotección hacia los grupos – que, en su mayoría, son parte de pueblos originarios – ya que el mismo gobierno no puede establecer un sistema proteccionista contra esta situación.
El medio ambiente ha sido despojado de su autonomía más allá de su capacidad de cultivo, sino que ahora se aprovechan de más de sus recursos naturales, es toda una maquinaria que no para, sino que por el contrario, siempre avanza hacia la explotación.
El Acuerdo de Escazú: un tratado histórico que aún enfrenta retos
En 2021 México ratificó el Acuerdo de Escazú, considerado el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que incorpora disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
El tratado reconoce obligaciones estatales relacionadas con:
- acceso a la información ambiental;
- participación ciudadana;
- acceso a la justicia;
- protección efectiva de personas defensoras.
Sin embargo, diversas organizaciones civiles sostienen que la implementación ha sido limitada.
Persisten problemas como:
- falta de presupuesto;
- escasa coordinación institucional;
- mecanismos preventivos insuficientes;
- baja capacidad de investigación penal.
La existencia de normas jurídicas, por sí sola, resulta insuficiente cuando no existe voluntad política para aplicarlas.
La impunidad como incentivo de la violencia
Uno de los principales problemas radica en que la inmensa mayoría de las agresiones nunca concluye con una sentencia condenatoria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la impunidad genera un efecto multiplicador:
cuando los responsables no enfrentan consecuencias jurídicas, otros actores perciben que la violencia constituye una herramienta eficaz para eliminar oposición social.
En México, investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos donde los autores materiales son detenidos, pero rara vez se identifica a quienes ordenan los ataques.
Esto dificulta desmantelar las estructuras económicas y políticas detrás de la violencia ambiental.
Un problema climático, económico y democrático
La protección ambiental suele analizarse exclusivamente desde la perspectiva ecológica; sin embargo, su impacto trasciende ampliamente ese ámbito.
Cada persona defensora asesinada representa también:
- pérdida de conocimiento comunitario;
- debilitamiento de la gobernanza local;
- afectación al desarrollo sostenible;
- incremento de conflictos sociales;
- mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.
Diversos estudios publicados por el Banco Mundial y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) coinciden en que la participación de comunidades locales constituye uno de los factores más eficaces para conservar ecosistemas estratégicos.
Eliminar a quienes los defienden implica debilitar precisamente a quienes mejor conocen esos territorios.
¿Qué puede hacer el Estado mexicano?
Diversos organismos internacionales coinciden en que las medidas deben ir más allá de esquemas reactivos de protección policial.
Entre las acciones prioritarias destacan:
- fortalecer las fiscalías especializadas en delitos contra personas defensoras;
- garantizar investigaciones independientes y con perspectiva de derechos humanos;
- combatir la corrupción relacionada con proyectos extractivos;
- asegurar consultas indígenas auténticas;
- fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;
- implementar integralmente el Acuerdo de Escazú;
- mejorar los sistemas de transparencia ambiental;
- sancionar tanto a autores materiales como intelectuales.
Reflexión final
La muerte de una persona defensora ambiental nunca constituye únicamente una tragedia individual. Cada asesinato representa el fracaso del Estado para proteger derechos fundamentales y evidencia las profundas tensiones entre desarrollo económico, conservación ambiental y respeto a la dignidad humana.
Mientras la rentabilidad de proyectos extractivos continúe imponiéndose sobre la protección de quienes resguardan los ecosistemas, la violencia seguirá siendo un mecanismo de silenciamiento.
Defender un bosque, un río o una montaña no debería convertirse en una sentencia de muerte. Sin embargo, en buena parte de América Latina esa sigue siendo la realidad.
La protección efectiva de las personas defensoras del medio ambiente no constituye únicamente una obligación jurídica derivada de tratados internacionales; representa una condición indispensable para la democracia, la justicia ambiental y la supervivencia de los recursos naturales de los que depende la vida de las generaciones presentes y futuras.
referencias
Arteaga San Germán, I., Flores Castro, O. G., Sánchez Rodríguez, A. M., Lara Delgadillo, J. C., Alarcón Gómez, A., Barahona Córdova, F., & Álvarez Armenta, G. (2025). Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2024. Centro Mexicano de Derecho Ambiental. https://cemda.org.mx/wp-content/uploads/2025/04/INFORMEDEFENSORES_2024_WEB.pdf
Banco Mundial. (2023). People, nature and climate: Strengthening community resilience. https://www.worldbank.org
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en las Américas. https://www.oas.org/es/cidh/
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2025). Tercer informe sobre la situación de las personas defensora de derechos humanos en las Américas. Organización de los Estados Americanos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva OC-23/17. Medio ambiente y derechos humanos. https://www.corteidh.or.cr
Global Witness. (2024). Voces silenciadas: El violento borrado de los defensores de la tierra y el medio ambiente. https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. https://www.ipcc.ch
Naciones Unidas. (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica. https://www.cbd.int
Nellemann, C., Henriksen, R., Raxter, P., Ash, N., & Mrema, E. (Eds.). (2014). The environmental crime crisis: Threats to sustainable development from illegal exploitation and trade in wildlife and forest resources. United Nations Environment Programme; GRID-Arendal.
Organización de las Naciones Unidas. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). CEPAL. https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. https://www.ilo.org
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). The environmental crime crisis. https://www.unep.org
